Se acaba de difundir la actualización del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (https://ophi.org.uk/news/2026-update-global-mpi-sends-important-signals-poverty-reduction), publicada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxford. Según esta información, el número de personas que viven en situación de pobreza multidimensional ha aumentado por primera vez desde el lanzamiento del índice en 2010, hasta alcanzar los 1.200 millones (esta cifra representa 51,5 millones de personas más que en la actualización anterior).

En el caso del Perú, el IPM (en 2024) revela una paradoja: a nivel nacional, solo el 5.9% de la población es considerada pobre multidimensionalmente, pero en las zonas rurales la incidencia asciende a 21.3%, con regiones como Loreto (24.1%) y Amazonas (19.4%) mostrando niveles críticos. Esta desigualdad territorial refleja que la pobreza en el Perú no es únicamente un problema de ingresos, sino de acceso a servicios básicos, educación y condiciones de vida.

El IPM muestra que las privaciones más frecuentes en el Perú están vinculadas a: Nutrición (5.5%); Años de escolaridad (4.7%); Saneamiento y agua potable (2.2%). En áreas rurales, además, destacan la cocina con combustibles sólidos y la vivienda precaria. Estas carencias se superponen con la realidad de la agricultura familiar, que representa más del 70% de las unidades productivas del país. La pobreza multidimensional rural no solo refleja ingresos bajos, sino también limitaciones estructurales: falta de infraestructura, baja productividad agrícola, escasa diversificación y débil acceso a servicios públicos.

Se pueden anotar tres características que marcan el escenario de estas cifras: la pobreza se concentra proporcionalmente en el ámbito rural; la vulnerabilidad también es elevada en el medio rural (más de una quinta parte de la población rural se encuentra cerca del umbral de pobreza multidimensional); las privaciones son acumulativas (los hogares pobres presentan carencias simultáneas en distintos aspectos de su bienestar, lo que dificulta superar la pobreza mediante intervenciones aisladas).

En términos de política pública, los resultados respaldan una mayor atención a los territorios rurales, donde las limitaciones de servicios básicos y las desventajas sociales tienden a superponerse.

En este contexto, la agricultura peruana —que sostiene la seguridad alimentaria, genera empleo y conecta territorios rurales con mercados nacionales e internacionales— se convierte en un eje estratégico para enfrentar las privaciones que el IPM identifica y puede desempeñar un papel decisivo en tres frentes:

Seguridad alimentaria y nutrición, el IPM evidencia que la nutrición es uno de los indicadores más críticos. La agricultura familiar, si se fortalece, puede garantizar dietas más diversas y saludables en las comunidades rurales; promover cultivos nativos (quinua, kiwicha, tarwi) con alto valor nutricional; integrar programas de alimentación escolar con compras directas a productores locales. Esto no solo combate la desnutrición, sino que dinamiza economías rurales.

Educación y capital humano, la pobreza multidimensional también se expresa en años de escolaridad insuficientes y baja asistencia escolar. La agricultura puede contribuir mediante: programas de agroescuelas rurales, que vinculen educación con prácticas agrícolas sostenibles; cooperativas que financien becas y apoyen la continuidad educativa de hijos de agricultores. Invertir en educación rural es invertir en la productividad futura del sector.

Condiciones de vida e infraestructura, el uso de combustibles sólidos para cocinar y la falta de saneamiento son privaciones que afectan directamente a familias rurales. La agricultura puede ser parte de la solución con: promoción de bioenergía rural (biogás a partir de residuos agrícolas); proyectos de riego tecnificado que mejoren acceso a agua segura; programas de vivienda rural vinculados a cooperativas agrícolas. La articulación entre agricultura y servicios básicos es clave para cerrar brechas.

El IPM también evidencia brechas regionales, muestra que las regiones amazónicas (Loreto, Amazonas, Ucayali) y altoandinas (Huancavelica, Cajamarca, Puno) concentran la mayor pobreza multidimensional.

La agricultura no puede ser vista como homogénea, cada región requiere políticas específicas con un enfoque territorial: i) Amazonía: agricultura sostenible vinculada a cadenas de cacao, café y frutales amazónicos, con énfasis en acceso a agua y saneamiento; ii) Sierra sur: fortalecimiento de granos andinos y ganadería, junto con programas de nutrición escolar; iii) Costa norte y sur: consolidación de agroexportaciones, pero con encadenamientos hacia pequeños productores.

Un aspecto a tomar en cuenta es que entre 2012 y 2024, el IPM nacional se redujo de 12.6% a 5.9%, pero la velocidad de reducción se ha desacelerado desde 2019. Esto refleja que los avances iniciales se concentraron en zonas menos pobres, mientras que las regiones más vulnerables quedaron rezagadas. La agricultura puede revertir esta tendencia si se convierte en un motor de inclusión con acciones relacionadas a: Asociatividad y cooperativas para mejorar acceso a mercados; Innovación tecnológica adaptada a pequeños productores; Políticas de crédito y seguros agrarios que reduzcan vulnerabilidad frente al cambio climático.

El IPM nos muestra que la pobreza en el Perú es multidimensional y territorialmente desigual. La agricultura, lejos de ser solo un sector productivo, es un instrumento de política social y de desarrollo. Para que la agricultura contribuya efectivamente a reducir la pobreza multidimensional, se requiere: Articulación intersectorial (MIDAGRI, MINSA, MIDIS, MINEDU); Inversión en infraestructura rural (agua, saneamiento, energía); Fortalecimiento de la agricultura familiar como garante de seguridad alimentaria y cohesión social; Enfoque territorial que atienda las particularidades de la Amazonía, la sierra y la costa.

La implicancia central es que mejorar la productividad y los ingresos de los pequeños productores es importante, pero debe acompañarse de avances en nutrición, educación, agua, saneamiento y condiciones de vida. El objetivo no debería ser solamente elevar los ingresos rurales, sino también reducir las múltiples privaciones que limitan el bienestar y las oportunidades de las familias de las zonas rurales.