Agraria.pe | Ocho agroexportadoras y azucareras concentran la mayor cantidad de licencias de uso de agua en zonas donde escasea el recurso
11 DE ABRIL 2018 | 10:11 POR: Agraria.pe Redacción

Reporte de Ojo-Público.com

Ocho agroexportadoras y azucareras concentran la mayor cantidad de licencias de uso de agua en zonas donde escasea el recurso

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Fenómeno se registra en el desierto, incluyendo valles de Ica, cuyos acuíferos fueron declarados en veda por sobrexplotación. Agroindustrial Beta, Grupo Wong, Grupo Gloria, Drokasa, entre otros, son señalados. 

(Agraria.pe) En el desierto costero del Perú el poder y la desigualdad se calcula por litros. Los bienes más preciados de los empresarios agrícolas son el espárrago, la uva y la palta, productos que el 2016 les permitieron facturar US$1.463 millones en el extranjero, pero que no habrían podido cosechar y exportar sin un insumo escaso en la costa: el agua.

Una base de datos construida por Ojo-Publico.com -como parte de la serie investigativa "Los dueños del agua" y con información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)- revela que el 93% de los 492.360 derechos de extracción, otorgados hasta la fecha por el Estado, están en manos del sector agrícola (el resto se destina a las industrias extractivas y uso poblacional). Y quienes concentran el mayor número de estas licencias son ocho de las empresas agroexportadoras y azucareras más rentables del país, la mayoría en zonas con poca o insuficiente cantidad de agua. 

Entre ellas se encuentran, Complejo Agroindustrial Beta, empresa líder en producción y exportación de frutas y hortalizas, fundada por el dueño de Pesquera Exalmar, Víctor Matta Curotto. Las azucareras: Agroindustrial Paramonga, del Grupo Wong; Agroindustrias San Jacinto y Casa Grande, ambas del Grupo Gloria; Agroindustrial Cayaltí, cuyas acciones pertenecen en un 89% al Consorcio Intipuquio; y Agroindustrial Laredo. Así como la productora de frutas Procesos Agroindustriales (Proagro), de la Corporación Cervesur; y la Sociedad Agrícola Rapel, del grupo Verfrut.

Estas ocho empresas –que el 2015 registraron ingresos totales por encima de los S/ 611 millones, según el reporte de Perú Top– tienen licencias sobre 4.050 puntos de extracción de agua, subterránea y superficial, que sirven para atender sus cultivos en la costa de Ica, Áncash, La Libertad, Piura, Lambayeque y Lima.

Las respectivas Autoridades Locales de Agua (ALA) confirmaron a Ojo-Publico.com, que solo las azucareras Paramonga y San Jacinto tienen sus permisos en zonas con agua suficiente, el resto de empresas lo extrae de ríos o pozos con regular o escasa disponibilidad hídrica.

De acuerdo con la información analizada por Ojo-Publico.com, solo Agroindustrial Beta está facultada a usar agua en 1.884 zonas, casi todas ubicadas en el acuífero de Ica; un valle que desde hace más de una década ha sido declarado por el Gobierno en crisis hídrica debido a su sobreexplotación de las aguas subterráneas.

El ´boom’ que secó los valles 
La última reserva de agua dulce que tiene un territorio son los acuíferos, pero en el Perú siete de ellos han sido puestos en veda indefinida porque se les extrajo casi todo el líquido del que disponen. Según resoluciones emitidas por la ANA, se trata de los acuíferos de Chilca, Zapallal, Argentina y Canto Grande, ubicados en la cuenca de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, declarados en crisis entre 1969 y 1975. 

También están los acuíferos del río Caplina, en Tacna; Ica - Villacuri, en Ica; y Motupe, en Lambayeque, los cuales entraron en veda entre el 2006 y 2008 como efecto del boom agroexportador. En todos ellos está prohibido cavar nuevos pozos.

De todos los derechos vigentes que el Estado otorgó al sector agrario, unas 26.205 licencias (5,7%) involucran el uso de agua subterránea. El 90% de estas se concentran en los desiertos de Ica, Piura, Lima, Tacna y Tumbes, y sus principales usuarios son las grandes exportadoras. Entre ellas destacan Agroindustrial Beta, Proagro y Casa Grande.

La industria agrícola despegó en 1991, con el D.L. 653 o Ley de Promoción de la Inversión Agraria promovida por el gobierno de Alberto Fujimori, la cual abarató la entrega de tierras eriazas a cambio de que las vuelvan productivas. Entre ese año y el 2012, fecha del último censo agrario, las extensiones de cultivos en la costa crecieron hasta un 2.752%, lo que derivó en la sobreexplotación de la principal fuente de agua en el desierto: los acuíferos.

El D.L. 653, además, les dio carta libre para extraer este recurso, pues en su artículo 53 señalaba: “El usuario que por su propio costo y riesgo invierta para la obtención de aguas subterráneas, no sufrirá menoscabo alguno en su dotación por el volumen que pudiese obtener de dichos pozos”. Es decir, si contaban con dinero para invertir en infraestructura, podían acceder al agua que quisieran.

La extracción de agua subterránea se mantuvo sin regulación ni protección hasta el 2009, cuando se promulgó la Ley de Recursos Hídricos.

Uno de los empresarios que aprovechó estas facilidades fue José Chlimper, exministro del gobierno de Alberto Fujimori, actual miembro del Banco Central de Reserva (BCR), secretario general de Fuerza Popular y entonces CEO de Drokasa, corporación que en 1995 creó su filial agroexportadora. El año 2000, durante su breve paso como ministro de Agricultura, Chlimper firmó un nuevo paquete de normas agrarias (Ley 27360) que recortó los beneficios laborales de los agricultores y le entregó a su sector cuatro privilegios tributarios vigentes hasta hoy. 

La empresa vinculada a Chlimper es el tercer mayor exportador de productos agrícolas del país, con ingresos totales de S/84 millones el 2015. Sus plantaciones de paltas, uvas y espárragos se riegan con los 52 derechos de uso de agua obtenidos en Ica, y todos son extraídos de acuíferos.

El 94% de las acciones de Drokasa son propiedad de Agrokasa Holdings S.A. El actual funcionario del BCR es accionista fundador y fue director de la compañía hasta el 2016. La compañía es propietaria de tres fundos en Ica: Santa Rita, La Catalina y Las Mercedes, que juntas tienen 2.394 hectáreas.

Jueces y parte  
El principal insumo de los productores es el agua. Un bien que les demanda una inversión de entre S/ 0,60 céntimos y S/ 3,20 por cada litro utilizado; retribución fijada por la ANA, y que es la misma para grandes agroexportadoras o pequeños agricultores. Quienes recolectan el dinero y lo entregan al Estado son las Juntas de Usuarios de Agua, asociaciones conformadas por agricultores y agroexportadoras que monitorean la extracción de este recurso, actividad que se realiza sin medidores y en fundos de propiedad privada.

“Los agricultores usan pozos artesanales, y construirlos cuesta unos S/ 1.400 por cada metro de profundidad; las empresas, en cambio, cuentan con pozos tubulares por los que pagan US$1.000 por cada metro de perforación, y sus pozos, como mínimo, tienen 10 metros”, explica Pedro Aguilera, gerente de la Junta de Usuarios de Agua del Valle Chicama (La Libertad), asociación que alberga a 5.500 usuarios, el 70% de los cuales son pequeños agricultores.

Desde el 2009 la Ley de Recursos Hídricos ordena al Estado construir la infraestructura necesaria para captar y repartir el agua, salvo que delegue esta función; pero aquí la excepción se ha convertido en regla. 

La ANA ha cedido sus funciones a las Juntas de Usuarios y hoy son estas las que habilitan y mantienen el sistema hidráulico, labor por la que cobran entre S/ 8,48 y S/ 13,28 adicionales por litro usado. Además, según la Resolución Jefatural 041-2018, aprobada en febrero de este año, la ANA debe avisarles con 10 días de anticipación cuando quieran realizar inspecciones “inopinadas” para fiscalizar el uso del agua.

La Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), integrada por Agroindustrial Beta y cuya junta directiva está conformada por Drokasa y Procesos Agroindustriales, tiene mayores ingresos y capacidad técnica para hacer estudios sobre disponibilidad de agua, por lo que, en comparación con el Estado, tiene más control sobre este recurso.

Una muestra de ello es la Resolución Administrativa 277-2017, mediante la cual la ANA da luz verde al Plan de Inversiones 2018-2022 propuesto por la JUASVI. Entre las tareas autoimpuestas y autofinanciadas por este grupo está realizar el inventario de fuentes de agua subterránea, evaluar los caudales de agua en la zona y hacer consultorías para estudiar la oferta hídrica del río Pampas; estudios que estaban en manos del Estado. Es decir, los mismos fiscalizados dirigen las labores de control y vigilancia.

“La ANA se mueve lentamente. Hay un plan de gestión del acuífero que empezó el 2012 y lo primero que se debía hacer era el inventario de pozos, pero hasta ahora no cumplen. Nosotros monitoreamos el acuífero y la calidad del agua mensualmente, ellos dos veces al año”, explicó a Ojo-Publico.com Víctor Sotil, gerente de la JUASVI.

Para su gremio, la escasez de agua se solucionaría formalizando a los pequeños agricultores e incrementando la oferta hídrica superficial. “La veda debe ser temporal, no indefinida, porque eso limita el crecimiento económico del valle”, sostiene.

Ojo-Publico.com pactó una entrevista con Alberto Alva, jefe de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la ANA, pero el mismo día del encuentro canceló la cita. El personal de prensa indicó que responderían nuestras preguntas por correo, pero no lo hicieron. Pedimos también una entrevista con el Viceministerio de Agricultura y Riego, pero dijeron que se pronunciarían a través de la ANA. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Un informe realizado por Grade y la PUCP indica que esta ventaja en recursos e información técnica consolida el poder hídrico en manos de las grandes empresas, en desmedro de los pequeños agricultores que se ven relegados. “Los agroexportadores, a través de sus juntas de usuarios, tienen capacidad técnica suficiente para generar información sobre las fuentes de agua de Ica y ejecutar proyectos propios (…) y son considerados como actores con autoridad para negociar y proponer cursos de acción al Estado”, indica el estudio.

Jorge Benites Agüero, exdirector de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la ANA, considera que, si bien el país cuenta con normas importantes, la informalidad en la extracción de agua, la falta de una planificación estatal para proteger este recurso y el poco dinero con que cuentan las ALA para estudiar y fiscalizar la disponibilidad hídrica, derivará en mayores conflictos por este recurso.

“No se ha planificado el crecimiento de la actividad empresarial en términos de sostenibilidad ni seguridad alimentaria. La ANA fue creada para manejar integralmente este recurso, de modo tal que no haya gente postergada en su uso. Se debería establecer un umbral de extracción, porque el agua no es la panacea; es un bien de dominio público y como tal debe protegerse y llegar a todos”, agregó el experto.

Sin planificación, el acceso a este recurso continuará siendo una fuente de conflictos. Solo en el centro de Ica, por ejemplo, el 50% de la población tiene acceso al agua solo tres veces por semana o incluso menos. 


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