(Agraria.pe) Dos proyectos legislativos, de Juntos por el Perú y de Ahora Nación, ya han sido presentados para derogar la Ley Agraria vigente (32434), la cual otorga diversos beneficios tributarios a las agroexportadoras. A ellos se ha sumado la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el mismo sentido: recomendó al Perú eliminar este régimen especial pues considera que el sector agroexportador ya tiene suficiente capacidad contributiva y los beneficios de los que goza afectan la recaudación fiscal.
¿Qué tiene que decir al sector agroexportador al respecto? Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), responde en esta entrevista.
¿Qué piensa de los proyectos de ley presentados en este sentido y la posición de la OCDE?
Es lamentable que la OCDE no haya hecho un análisis completo de los impactos de esa medida, no solo para el sector agrario sino para el país. De todas las normas que existen con exoneraciones tributarias, la Ley de Promoción Agraria y ahora la nueva Ley Agraria son las que han tenido un efecto más importante para los ciudadanos, sobre todo para quienes más lo necesitan: los de las zonas rurales. Ese efecto no lo ha medido la OCDE.
Cuando uno mide recaudación, tiene que medir también el fin de esa recaudación, que es elevar el bienestar de los ciudadanos y generar empleo y oportunidades. Antes de la reducción de renta, el sector agrario tributaba cerca de 70 millones de soles, el empleo agrario era ínfimo y solo se exportaban 700 millones de dólares. La Ley de Promoción Agraria generó empleo formal, con todos sus beneficios, donde antes no existía.
Hoy, entre empleos directos e indirectos, tenemos cerca de 2 millones de puestos de trabajo en zonas rurales gracias a esta ley. Las exportaciones pasaron de 700 millones a cerca de 15 mil millones de dólares anuales, divisas fundamentales para la economía del país. Y generó bienestar también para la mujer rural, que hoy es cabeza de familia en cientos de miles de hogares gracias al sector.
Si hoy se anulan esos beneficios —como proponen algunos congresistas, lamentablemente desinformados sobre el tema, con quienes con gusto nos reuniríamos para explicarles los impactos reales— se pondrían en riesgo esos dos millones de empleos. Las empresas grandes son las que más empleo generan, y la pequeña agricultura es la que sostiene el empleo en la zona rural; ambas se verían afectadas.
Ese análisis no lo ha hecho la OCDE, por lo que su informe está sesgado. Además, el Ministro de Economía no se ha pronunciado a favor de la reducción de renta tras ese informe, lo que confirma que hay discrepancias. Y esto llega en un momento en que el sector ya enfrenta varios golpes: el Fenómeno de El Niño, que lo afectará más que a cualquier otro; el alza de fertilizantes y combustibles por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán; el anuncio de incremento de la remuneración mínima vital —que en el agro sube un 30% adicional por el bono beta—; y un arancel de 12.5% impuesto por Estados Unidos, nuestro principal mercado.
La OCDE no se ha reunido con nosotros, los representantes del sector agrario peruano, antes de emitir esa recomendación. A los congresistas los invitamos a conversar: entendemos que son nuevos y que manejan información parcial, y confiamos en que tienen buenas intenciones, pero sin la información completa pueden causarle un daño terrible a una industria que le da grandes satisfacciones al país, tanto económicas como sociales.
¿Qué responde a quienes argumentan que es un régimen especial que ya tuvo una primera etapa de 20 años y que, más allá de la coyuntura actual, la industria ya está madura para volver a la tributación regular?
Es un argumento que se cae rápido. Es cierto que tenemos una agricultura moderna, pero corresponde solo al 5% de todas las hectáreas cosechadas en el país. Falta resolver el 95% restante.
Es como un tren: si le quitas la locomotora, no se mueve. Sin ese motor, los pequeños agricultores no tendrán ningún impulso hacia la formalidad y el desarrollo. Quienes buscan destruirlo lo único que logran es quitarle el futuro a la pequeña agricultura.
Esto es un ecosistema, un sistema completo —como un auto, del que no puedes prescindir de los pistones o de la batería— que incluye pequeña agricultura, empresas pequeñas, medianas y grandes, proveedores, academia y el propio Estado, además de los agroexportadores. No se puede quitar una pieza fundamental sin afectar a todo el sistema.
Aún si no se llegara a concretar esta propuesta, el hecho de que se plantee, ¿considera que puede tener algún efecto negativo sobre las decisiones de inversión en el sector?
Sí, evidentemente. Ya nos pasó con la derogación de la Ley de Promoción Agraria en 2020: teníamos perspectivas de inversión y reinversión de todas las empresas para cerca de 30 mil hectáreas, es decir, varios miles de millones de dólares de inversión privada que se perdieron.
Aparte del paquete que ha propuesto la propia presidenta para destrabar proyectos emblemáticos —Chavimochic III, Majes II, Chinecas, el proyecto de Piura, el de Ica—, hay 23 proyectos de irrigación en cartera del gobierno que involucrarían 1.400.000 hectáreas. Esa es la inversión que atraería a cientos de empresas locales y extranjeras al sector agrícola. Si se elimina el beneficio tributario, esas inversiones no llegarán, tal como ya perdimos en 2020 la oportunidad de estar hoy en más de 20 mil o 25 mil millones de dólares adicionales, junto con los cientos de miles de empleos que se habrían generado.
Todos los países promueven su agricultura con condiciones particulares, no solo para la pequeña agricultura sino también para las empresas. Si se corta ese beneficio, se pone en riesgo la viabilidad de los proyectos de irrigación, la generación de entre 3 y 6 millones de empleos nuevos en los próximos años, y el ingreso de al menos 15 o 20 mil millones de dólares en nuevas divisas en los primeros cinco años. Todo eso está en juego por un sesgo probablemente ideológico, por desconocimiento y por difundir información incompleta.
Si el país deroga estos beneficios, se convertiría en un país bananero que un año ofrece condiciones de inversión por diez años y a los pocos meses cambia las reglas de juego. Ya nos pasó durante el gobierno de Francisco Sagasti y la entonces ministra Mirtha Vásquez: la ley de promoción agraria se había extendido por diez años y al primer año la derogaron. El país quedó muy mal parado, no solo ante los inversionistas agrarios sino ante cualquiera que pensara invertir aquí, porque no se puede confiar en un país que cambia de posición de un día para otro.
Finalmente, con toda la coyuntura actual, ¿cómo plantea usted que será el cierre del año para la agroexportación?
Complicado. Cada día que pasa, las proyecciones de los entes especializados son más adversas: la probabilidad de un Fenómeno de El Niño extraordinario ha aumentado respecto al mes pasado, y desde hace meses ya sentimos los efectos de la menor productividad en los productos agrarios y en el mercado local.
No va a ser un buen año. No solo se va a resentir la producción, sino que también puede peligrar parte del empleo formal del sector, si no logramos proteger a tiempo la infraestructura, los caminos y las zonas productivas.
Reitero la disposición a conversar con los congresistas para aclarar sus dudas. Creo que en general tienen buena voluntad, pero no cuentan con toda la información necesaria.
