(Agraria.pe) Lo que aprecio desde el sector privado y académico empresarial, es que existe una falta de criterio al seleccionar la obra pública. Es así que vemos cómo las autoridades electas desperdician el dinero de los contribuyentes en obras tan ridículas como el parque del Árbitro (Tumbes), en honor a los mejores réferis de dicha ciudad, o el monumento a la ojota en Chivay (Arequipa), entre otras perlas.
Además, los gobiernos locales no cuentan con capacidad técnica para diseñar y ejecutar proyectos de gran impacto, que junten la producción con los mercados. La obra pública, cuando se hace, es lenta, sobrevalorada, mal diseñada, mal ejecutada, al poco tiempo se está deteriorando y, además, no cuenta con partidas presupuestales que aseguren su mantenimiento y correcta gestión.
Es el caso de la inversión pública en infraestructura de agua y saneamiento, según Semana Económica del 8 de julio «Las inversiones para cerrar la brecha no tuvieron un impacto significativo. Entre el 2017 y 2022, se invirtió más de S/.38,500 millones en saneamiento». En el artículo mencionan la razón: «El problema radica, principalmente, en las EPS (Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento). Y es que, una vez finalizados los proyectos de agua y saneamiento, estos no son acompañados por un modelo eficiente de operación».
En una reciente entrevista en RPP al exministro de Economía, Luis Carranza, se habla de que hay más de 100 mil millones de dólares en brecha de infraestructura en el país a mediano y largo plazo, lo que es equivalente del 50% del nuestro PBI. Cerrar esa brecha es una responsabilidad titánica de todos.
Como ya sabemos, no es una falta de recursos monetarios lo que hace que no podamos cerrar esa brecha, sino la incapacidad de los gobiernos locales y regionales. Mientras tanto, esos fondos que el estado recauda se van en gasto corriente. En los últimos quince años existe un crecimiento desproporcionado del gasto corriente, cuatro veces más, según afirmó Luis Carranza; es decir, pagamos más y tenemos más gente en el sector público.
Sin embargo, no todo es malas noticias y se presentan oportunidades de cambiar en algo esta situación.
Hace unos días, en la asamblea anual de egresados del PAD, donde participó Carlos Añaños, Carlos Neuhaus, Miguel Ferré y Fernando Cillóniz, se tocaron algunos temas de suma importancia.
Fernando Cillóniz habló de la gran oportunidad que se abre para que los empresarios podamos contribuir con el cierre de brechas de infraestructura directamente y hacer obras de impacto. Específicamente habló de la ley 31735, que modifica la ley 29230, que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. El objetivo de esta ley es impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local con la participación del sector privado mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y locales.
Esto es lo que se conoce como la ley de obras por impuestos y ha sido perfeccionada. Entre las modificaciones relevantes se encuentra que los certificados de inversión pueden ser utilizados hasta por un porcentaje máximo de 80% del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio anterior; los certificados de inversión pueden ser usados para el pago de cualquier otro tributo, deuda u otra obligación tributaria; los certificados de inversión también tendrán la característica de negociable cuando la empresa privada es ejecutora de la inversión, entre otras modificaciones realmente relevantes.
Es el momento de unirnos como empresarios e identificar de manera rápida cuáles son las obras de alto impacto en nuestra zona de influencia y poner manos a la obra. No existirá paz social si no cerramos esta brecha de infraestructura que facilite el crecimiento y posterior desarrollo de nuestro país. ¡Ahora está en nuestras manos!
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