La reciente publicación del estudio "Políticas para el futuro del sector de la agricultura y la alimentación en Perú" por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llega en un momento particularmente oportuno, ya que coincide con el inicio de un nuevo gobierno. Más que un requisito técnico dentro del proceso de adhesión del Perú a este organismo internacional, el informe muestra una radiografía del sector agrario y, sobre todo, una propuesta de transformación estructural que debería ser discutida y que el país no debería desaprovechar.

Durante las últimas tres décadas, (parte) del agro peruano ha protagonizado una de las historias de éxito más importantes de la economía nacional. La apertura comercial, las inversiones en infraestructura de irrigación y un entorno favorable para la inversión privada permitieron convertir al Perú en una potencia agroexportadora. Hoy el país lidera las exportaciones mundiales de arándanos y ocupa posiciones privilegiadas en productos como uvas, espárragos, paltas y cítricos. El sector genera miles de empleos y constituye uno de los principales motores del crecimiento económico fuera de la minería.

Sin embargo, esta historia de éxito tiene un lado menos visible. Mientras la agroexportación moderna compite exitosamente en los mercados internacionales, millones de pequeños agricultores continúan atrapados en un círculo de baja productividad, ingresos insuficientes y escasas oportunidades de desarrollo. El informe de la OCDE reafirma una premisa que se viene apuntando en diversos análisis: el Perú posee un sector agrícola profundamente dual. Conviven una agricultura altamente competitiva y otra mayoritariamente de subsistencia, con enormes diferencias en acceso a tecnología, financiamiento, infraestructura y mercados. Esta constatación no es nueva, pero el informe plantea una ruta para cerrar esa brecha sin sacrificar la competitividad alcanzada.

Durante muchos años, el debate agrario peruano ha oscilado entre dos posiciones extremas. Un sector ha sostenido que basta con fortalecer la agroexportación para que sus beneficios lleguen al resto de productores. Otro ha planteado que el Estado debe concentrarse principalmente en subsidios y programas asistenciales dirigidos a la agricultura familiar. Ninguna de estas visiones, por sí sola, ha logrado resolver las desigualdades existentes.

En el informe, se discute una tercera vía: invertir en bienes públicos que eleven la competitividad de todos los agricultores. Investigación, innovación, extensión agraria, infraestructura de riego, sanidad vegetal y animal, información de mercados, conectividad rural y seguridad jurídica sobre la tierra aparecen como las verdaderas prioridades. Son inversiones que no distinguen entre pequeños y grandes productores porque generan condiciones para que todo el sistema funcione mejor.

Uno de los aspectos donde se llama más la atención viene por el lado de la necesidad del fortalecimiento del sistema nacional de innovación agraria. El informe evidencia una realidad preocupante: apenas una fracción muy reducida de productores accede a servicios de extensión agropecuaria y la inversión pública en investigación sigue siendo insuficiente para un país reconocido mundialmente por su biodiversidad agrícola.

El crecimiento futuro del agro peruano  no sólo debe depender de ampliar áreas cultivadas o incorporar más agua mediante grandes proyectos de irrigación. La próxima revolución agrícola estará basada en conocimiento, genética, digitalización, agricultura de precisión, adaptación al cambio climático y gestión eficiente de los recursos naturales. En todos estos ámbitos el Perú todavía mantiene importantes rezagos. El informe coloca la sostenibilidad ambiental en el centro de la política agraria. Durante años se presentó una falsa dicotomía entre producir más o conservar los recursos naturales. Hay que tener en cuenta que la productividad futura depende precisamente de la calidad de los suelos, la disponibilidad de agua, la conservación de los bosques y la adaptación al cambio climático.

Se reconoce que el Perú ha avanzado en diversos indicadores ambientales y se destaca la menor intensidad de emisiones por unidad producida respecto de décadas anteriores. Sin embargo, también se advierte que la expansión agrícola continúa siendo uno de los principales motores de la deforestación amazónica y que la vulnerabilidad frente a sequías, inundaciones y eventos climáticos extremos seguirá aumentando si no se fortalecen las políticas de gestión del agua, ordenamiento territorial y conservación de los recursos naturales.

Hay un plano institucional sobre el cual se llama la atención. Muchos de los problemas del agro peruano no obedecen a la ausencia de políticas, sino a la debilidad para implementarlas. El país cuenta con planes nacionales, estrategias sectoriales y múltiples programas públicos; sin embargo, persisten la fragmentación institucional, la superposición de funciones, la escasa coordinación entre niveles de gobierno y una limitada capacidad de ejecución presupuestal. Hay que fortalecer la gobernanza como una condición indispensable para que cualquier política tenga impacto real.

Se debe tener una mirada integral para la agricultura peruana. El país posee una extraordinaria diversidad de ecosistemas, más de dos millones de unidades agropecuarias y una enorme riqueza genética reconocida mundialmente. Transformar esas ventajas naturales en ventajas competitivas permanentes exige políticas públicas de largo plazo que sobrevivan a los cambios de gobierno y trasciendan las coyunturas políticas.

El verdadero reto comienza ahora, donde la voluntad política es clave para convertir sus recomendaciones en reformas concretas. Ello implica priorizar la inversión pública en innovación, extensión agraria, infraestructura, sanidad e información; fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales; impulsar la formalización de la propiedad rural y promover una agricultura climáticamente resiliente e inclusiva.

Si el país logra reducir la enorme brecha entre la agricultura empresarial y la agricultura familiar, fortalecer su sistema de innovación y gestionar sosteniblemente sus recursos naturales, el agro peruano no solo continuará siendo un líder exportador, sino también un verdadero motor de desarrollo rural, inclusión social y seguridad alimentaria. La publicación de este informe da pie para generar un amplio debate entre el Estado, el sector privado, las organizaciones de productores y la academia sobre la necesidad de modernizar las políticas públicas y promover instituciones sólidas. Se debe aprovechar el cambio de gobierno para diseñar y promover instrumentos de intervención concretos y en alianza con el sector privado (que incluye a la llamada agricultura familiar).