En el Perú se habla de pobreza como si fuera un problema de ingresos. Sin embargo, la realidad social del país es mucho más compleja y, sobre todo, más dura. Un reciente Índice de Pobreza Multidimensional revela que alrededor del 32 % de la población —más de 11 millones de personas— vive con privaciones simultáneas en aspectos básicos como salud, educación, vivienda, empleo, acceso a agua potable, saneamiento y conectividad. Una parte importante de esta población no es considerada pobre según la medición monetaria oficial.
Esta brecha entre cifras y realidad no es menor. La pobreza monetaria se calcula a partir del gasto mínimo necesario para cubrir una canasta básica valorizada en S/ 454 mensuales por persona. Bajo este criterio, quien logra superar ese monto —incluso por un margen mínimo— deja de ser pobre. Aun así, 9,4 millones de peruanos no logran cubrir dicha canasta, lo que ya muestra la magnitud del problema. Pero la pobreza multidimensional demuestra algo más grave: millones de personas que “no son pobres” en el papel, viven en condiciones de exclusión real.
Esta situación tiene un rostro territorial muy claro. La pobreza multidimensional es predominantemente rural. Mientras en las zonas urbanas las privaciones tienden a concentrarse en uno o dos ámbitos, en el mundo rural se acumulan múltiples carencias al mismo tiempo. En muchas regiones rurales, más del 50 % de los hogares presenta al menos tres privaciones simultáneas, una situación que limita severamente cualquier posibilidad de desarrollo sostenido.
La paradoja es evidente. El Perú rural no es un espacio improductivo. Por el contrario, millones de familias campesinas trabajan intensamente en el agro, actividad que provee gran parte de los alimentos que consume el país. Sin embargo, ese trabajo no se traduce en bienestar. La razón no es cultural ni individual, sino estructural: baja productividad, mercados lejanos, infraestructura precaria, escaso acceso a tecnología, crédito limitado y débil presencia del Estado.
Aquí se revela el límite del enfoque asistencial. Durante años, la respuesta frente a la pobreza rural ha sido principalmente compensatoria. Programas sociales y transferencias monetarias han cumplido un rol de contención, pero no han modificado las condiciones que producen la pobreza. Los datos lo confirman: cuando el empleo es informal, estacional y de baja productividad, cualquier mejora es frágil. Basta una crisis climática, sanitaria o de precios para que las familias retrocedan.
La pobreza multidimensional obliga a replantear la discusión. No hay salida sostenible sin empleo productivo, y en el Perú rural ese empleo pasa necesariamente por una transformación profunda de la actividad agraria. La agricultura no puede seguir siendo tratada como un sector residual. Representa cerca del 25 % del empleo nacional y más del 70 % del empleo rural, pero concentra los mayores niveles de informalidad y bajos ingresos.
Cuando el trabajo agrario permanece desconectado de servicios, infraestructura y mercados, reproduce pobreza. Pero cuando se articula a cadenas productivas, incorpora tecnología, mejora productividad y genera valor agregado, se convierte en una palanca real para superar la pobreza multidimensional. No se trata de romantizar el campo, sino de reconocer su potencial económico y social.
Por eso, el problema de fondo no es técnico, es político. Medir la pobreza solo por ingresos ha permitido minimizar el problema rural y postergar una discusión incómoda: el modelo de desarrollo ha excluido sistemáticamente al territorio rural. La ausencia de riego, caminos, conectividad digital, servicios de salud y educación de calidad no es casualidad; es el resultado de prioridades históricas que concentraron inversión y oportunidades en pocos espacios.
La pobreza multidimensional rural no se resolverá con ajustes marginales. Requiere una transformación agraria y rural, entendida como un proceso que integre empleo productivo, servicios públicos, infraestructura y organización económica del territorio. No como un retorno al pasado, sino como una apuesta moderna por el desarrollo inclusivo.
En este contexto, las próximas elecciones representan algo más que una contienda política. Constituyen una oportunidad para redefinir el rumbo del país. La pregunta central no es cuántos bonos se entregarán, sino qué modelo productivo permitirá que el trabajo rural genere dignidad y bienestar. Seguir administrando la pobreza es una opción. Apostar por la transformación agraria y el empleo productivo es otra.
La pobreza multidimensional rural no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas acumuladas. Y, por lo tanto, puede ser superada si el país decide cambiar su proyecto de desarrollo. Ese es el debate de fondo que el Perú necesita dar hoy.
