La institución reseña que trabaja muy de cerca con la Contraloría, sin embargo no explica si habrá desembolso extra ni la contratación de empresas con malos antecedentes.
(Agraria.pe) A través de un comunicado, la oficina de Agro Rural, dependencia del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), hizo saber su malestar por la aparición de “personas inescrupulosas y con intenciones poco sanas” que, afirman, están realizando montajes mal intencionados conocidos como “Memes” que afectan la imagen y reputación de las personas.
“No solo están atacando a los altos funcionarios de Agro Rural, sino también a periodistas y profesionales independientes que por tener una opinión o postura contraria a la nuestra, las atacan como para hacer creer que viene de allegados a nuestra institución”.
Bajo el lema “No a la difamación”, la institución comandada por Alberto Joo, agregó que rechaza estas prácticas que, en su opinión, hacen recordar a los tiempos en que se usaba a la denominada ‘prensa chicha’ para dañar honras. “Esperamos que una investigación seria permita descubrir a los autores”, señaló.
Trabajo con la Contraloría
En otro momento, ante las críticas surgidas luego del reportaje del dominical Panorama, donde se demostraba desprolijidad en los trabajos de descolmatación del río Piura, Agro Rural señaló que esta semana la Contraloría General de la República ha acreditado 8 comisiones de acciones concurrentes, cuyo propósito es identificar riesgos, no observaciones, en las actividades de descolmatación y encauzamiento de los ríos Chira y Piura, dándoles las facilidades del caso.
Alberto Joo, director ejecutivo de la entidad, destacó asimismo que la institución solo ha recibido hasta la fecha tres informes de acciones simultáneas y dos informes de visita de control del Órgano de Control Institucional (OCI), dependiente de la Contraloría General de la República. “Ningún informe de alguna comisión acreditada por la Contraloría General de la República”, complementa.
Agregó que estos informes identificaron 16 riesgos, los cuales habrían sido contestados por Agro Rural a la OCI, y que –consideran- están en su mayoría mitigados y a la espera de una evaluación final de la OCI.
Detalló además que de los cinco informes, tres corresponden a la etapa del proceso de selección e identificaron 10 riesgos asociados a integración de bases, factores de calificación, permisos y autorizaciones de depósitos de excedentes; “y no como manifiestan de manera malintencionada algunos, respecto a mal manejo de la evaluación de los postores o postores que han presentado documentos que son incompletos”. Apuntó que los nueve contratos no cuentan con quejas o denuncias que pongan en entredicho la transparencia del proceso.
“Respecto a los otros dos informes, que evidencian solo seis riesgos, estos están referidos a la etapa de elaboración de las fichas técnicas, la supervisión y acreditación de personas; riesgos que han sido mitigados”, resaltó.
Descolmatación, actividad permanente
El documento de Agro Rural cita también declaraciones de María del Carmen Bastos, directora adjunta de la institución, quien aclara que las acciones actuales corresponden a una etapa previa a la reconstrucción propiamente dicha y que la descolmatación debe seguir haciéndose cada año, independientemente de la solución integral.
“Para la definición de la solución se deberá contar con la participación de todas las instancias públicas y privadas de Piura que aporten con argumentos técnicos y sin que primen los intereses personales o de grupo, sean estos de poder o económicos”, dijo.
Explicaciones ausentes
El pronunciamiento de Agro Rural no aclara sin embargo si habrá un desembolso extra por la remoción de los puentes colapsados en el río Piura, tal como los propios funcionarios de la institución señalaron en el reportaje de Panorama.
Tampoco explica por qué se invierte en una actividad como la descolmatación una cantidad de dinero superior a lo que correspondería para la solución integral y definitiva como la desembocadura en el mar.
Finalmente, quedó pendiente la explicación de por qué se volvió a contratar a la empresa Servicios Viviana, fuertemente cuestionada por el propio ministro de Agricultura José Hernández por sus malas referencias en trabajos anteriores.
