(Agraria.pe) En un país de bosques como el Perú, la tala ilegal de madera es un grave problema para la sostenibilidad y la competitividad del sector forestal. Los esfuerzos y trabajo articulado que busca institucionalizar la gobernanza forestal han dado como resultado la reducción del índice de tala y comercio ilegal de madera, que pasó de 1.59 en 2017 a 1.46 en 2019, de acuerdo con la estimación realizada por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
Por otro lado, el porcentaje de tala y comercio ilegal de madera pasó de 37.1% en 2017 a 31.5% en 2019 en la primera transformación de la cadena de valor de la madera. Los datos han sido revelados por el estudio “Estimación del Índice de Tala y Comercio Ilegal de Madera en el Perú en 2019", realizado de manera conjunta por el OSINFOR, las Autoridades Regionales y de Fauna Silvestre (ARFFS) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), con el apoyo técnico de FOREST+, un programa de USAID y del U.S. Forest Service.
“El estudio es importante porque permite evidenciar el flujo de la madera ilegal en diferentes partes de la cadena de valor”, explicó Carlos Candia, ejecutivo de la Subdirección de Información y Evaluación del OSINFOR. “Estos resultados con rigor científico permitirán discutir la problemática y generar políticas a favor de reducir y, por qué no, eliminar la tala y el comercio ilegal de madera, para poner en valor el enorme potencial forestal que tiene nuestro país”, agregó
Candia señaló que la disminución en el índice de tala y comercio ilegal de madera puede atribuirse a los diferentes mecanismos de registro e intercambio de información que las autoridades regionales, ente rector y el OSINFOR vienen impulsando e implementando. Además, destacó que la disminución tiene un impacto positivo en los empresarios, ya que fortalece la percepción de Perú como un proveedor de madera legal, aumentando así la competitividad del país en el mercado internacional.
El estudio se basa en una metodología que fue adaptada a las condiciones del sector forestal maderero peruano, que consiste en la diferencia entre oferta y demanda de madera.
La metodología fue validada por los miembros del equipo operativo del estudio, que incluye a representantes de los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, San Martín, Huánuco y Serfor, a través de las ATFFS de Cusco, Arequipa, Selva Central, Libertad e Ica.
Con los datos que arroja el estudio, las autoridades forestales regionales y nacionales, así como los tomadores de decisiones del sector, tendrán una comprensión más clara de las debilidades existentes dentro de sus competencias. Además, establece un marco de acción concreto para combatir la tala ilegal a medida que llevan a cabo sus funciones y diseñan políticas públicas mejoradas, a fin de fortalecer los esfuerzos para combatir la tala ilegal y avanzar hacia una gestión forestal sostenible en Perú.
