La historia del Perú no se comprende sin el campo. Una proporción significativa de la población tiene origen en el mundo rural: en generaciones que han trabajado la tierra, enfrentando condiciones adversas, y que han encontrado en la actividad agraria no solo un medio de subsistencia, sino una fuente de dignidad y cohesión social.

Desde estas raíces, amplios sectores migraron hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. Si bien este proceso permitió avances en las condiciones de vida de muchas familias, también implicó el progresivo abandono del campo y la postergación de quienes continuaron sosteniendo la producción de alimentos del país. Esta brecha histórica persiste hasta hoy.

El mundo rural enfrenta una crisis estructural caracterizada por la fragmentación de la propiedad, estancamiento de la productividad, limitada articulación a mercados competitivos y alta vulnerabilidad frente al cambio climático. A ello se suma la creciente escasez de recursos hídricos, insuficiente inversión pública y debilidades en la institucionalidad agraria.

A pesar de este contexto, cerca del 25% de la población económicamente activa depende del sector agrario. Se trata de productores que son herederos de una tradición agrícola milenaria, pero que hoy operan en condiciones de desventaja estructural frente a otros sectores de la economía.

Esta situación no resulta sostenible ni equitativa. En consecuencia, se requiere una redefinición del rol del agro dentro del desarrollo nacional.

El sector agrario debe ser concebido como un eje estratégico, no solo por su contribución a la seguridad alimentaria, sino también por su papel en el equilibrio territorial, la conservación de la biodiversidad, la generación de empleo y la afirmación de la identidad cultural. Asimismo, representa una oportunidad concreta para promover un crecimiento económico más inclusivo y descentralizado.

En este marco, es fundamental avanzar hacia un conjunto articulado de políticas públicas orientadas a:

Garantizar el acceso eficiente y sostenible al recurso hídrico.

Impulsar la innovación tecnológica y la transferencia de conocimientos.

Fortalecer los servicios de asistencia técnica y extensión agraria.

Ampliar el acceso a financiamiento adecuado a las características del sector.

Promover la integración a mercados en condiciones más equitativas.

Asimismo, resulta clave fortalecer la asociatividad y la organización de los productores como mecanismo para alcanzar economías de escala, mejorar la competitividad y facilitar la inserción en cadenas de valor.

La institucionalidad agraria debe ser modernizada, recuperando capacidad técnica, eficiencia operativa y orientación al servicio del productor. Esto implica mejorar la planificación sectorial, la articulación intergubernamental y la calidad del gasto público en el ámbito rural.

Más allá de las políticas específicas, el desarrollo del agro requiere una visión de largo plazo y un compromiso sostenido de todos los actores involucrados. El fortalecimiento del sector no depende únicamente de la acción estatal, sino también de la participación activa de los productores, el sector privado, la academia y la sociedad en su conjunto.

El Perú no podrá consolidar un proceso de desarrollo sostenible sin integrar plenamente a su mundo rural. El fortalecimiento del agro no es una opción, sino una condición necesaria para construir un país más equilibrado, competitivo y justo.