(Agraria.pe) La reciente publicación de un Decreto de Urgencia orientado a mitigar la crisis del sector arrocero ha devuelto al debate público las deficiencias estructurales que arrastra la cadena de valor de este cereal en el Perú.
De acuerdo con el análisis técnico del especialista en comercio y exportación agrícola, Ronald Truyenque, el escenario actual de inestabilidad no constituye un fenómeno reciente ni se limita exclusivamente a factores externos como las importaciones o el contrabando. Por el contrario, responde a una problemática histórica caracterizada por la informalidad, la ausencia de planificación productiva y la toma de decisiones agrícolas basadas en la especulación de precios pasados.
El comportamiento del productor local suele guiarse por los picos de cotización de la campaña previa: cuando el grano alcanza valores elevados, se incrementan de forma desmedida las áreas de siembra. Esta falta de coordinación técnica genera de manera sistemática una sobreoferta estacional que presiona los precios a la baja en el mercado interno, consolidando un ciclo de pérdidas que se ha repetido durante décadas.
La vulnerabilidad del minifundio y el rol de la industria molinera
La configuración social del agro peruano agrava el impacto de estas fluctuaciones de mercado. Truyenque destaca las variables que condicionan la toma de decisiones en el campo:
Fragmentación de la oferta: Más del 90% de los productores agrarios del país corresponden a la categoría de pequeña agricultura, un segmento que enfrenta barreras críticas para acceder a financiamiento regulado, asistencia empresarial e información técnica de mercado.
Decisiones bajo incertidumbre: Al carecer de canales de información oportunos, el agricultor siembra sin conocer los volúmenes reales que se están instalando en otras regiones del país ni la demanda proyectada por los canales industriales.
Interdependencia de la cadena: La crisis no afecta únicamente al productor primario; el ecosistema arrocero involucra de forma directa a comerciantes, transportistas, entidades financieras e intermediarios. En particular, la industria molinera requiere un flujo constante y predecible de materia prima para mantener la continuidad de sus operaciones, sostener el empleo y cumplir con sus compromisos comerciales de distribución.
Debilidad institucional
El análisis también asigna responsabilidades al aparato estatal, señalando que la articulación institucional suele ser débil y los datos oficiales se difunden cuando las distorsiones de precios ya se encuentran instaladas en los mercados. Truyenque cuestiona que los recursos públicos se sigan destinando principalmente a financiar contingencias y medidas de alivio reactivas, en lugar de invertirse en la implementación de sistemas de monitoreo agrícola, inteligencia comercial y prospección de la demanda.
Para romper la estacionalidad de la crisis y mitigar la conflictividad social, el especialista sostiene que la agenda sectorial debe priorizar reformas de fondo basadas en la formalización, el acceso a herramientas financieras adecuadas y una coordinación técnica estrecha entre los comités de productores, las empresas procesadoras y el Estado. Sin un flujo de información en tiempo real que conecte la oferta del campo con las necesidades reales del mercado, los incentivos seguirán distorsionados y el sector continuará expuesto a los mismos desequilibrios comerciales.
