En el Perú, buena parte de la gestión de los ríos, la infraestructura hidráulica y los servicios vinculados al agro sigue funcionando bajo una lógica reactiva. Se actúa cuando la emergencia ya ocurrió: después de un desborde, una inundación, la destrucción de canales, la pérdida de cultivos o la interrupción de caminos y servicios. Entonces se movilizan recursos públicos para atender daños que, en muchos casos, pudieron reducirse mediante prevención, mantenimiento oportuno y una mejor organización de los servicios.

Esta forma de actuar resulta costosa para el Estado y para las familias. Cada hectárea perdida, cada canal inutilizado y cada vía interrumpida representa menores ingresos, pérdida de patrimonio y mayor gasto público. Recursos que podrían utilizarse para mejorar sistemas de riego, fortalecer capacidades productivas o ampliar servicios rurales terminan destinados una y otra vez a reparar daños recurrentes.

El problema, por tanto, no consiste únicamente en disponer de más maquinaria. La cuestión central es cómo organizar servicios permanentes de prevención, mantenimiento y apoyo productivo que lleguen al territorio en el momento oportuno, con responsabilidades claras, financiamiento sostenible y capacidad operativa suficiente.

Esto obliga a distinguir los distintos tipos de intervención y, a partir de allí, definir quién debe asumir su gestión. No todos los servicios requieren el mismo actor ni la misma modalidad. Algunas intervenciones corresponden principalmente al Estado; otras pueden ser gestionadas por organizaciones de usuarios, gobiernos subnacionales, operadores especializados, empresas privadas o mecanismos compartidos. La decisión debería depender de la naturaleza del servicio, la escala territorial, la capacidad institucional y la existencia o no de oferta suficiente.

Un primer ámbito es la intervención en ríos, quebradas y cauces naturales para reducir riesgos sobre ciudades, centros poblados, carreteras, puentes y áreas agrícolas. Por su dimensión territorial y por los bienes públicos comprometidos, estas labores deben mantener un liderazgo principalmente estatal.

Cuando un río amenaza una ciudad o una vía nacional, no resulta razonable trasladar toda la responsabilidad financiera y operativa a los productores locales o al sector agrario. Allí corresponde una gestión pública territorial, directamente desde el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales o locales, o mediante servicios especializados. Las organizaciones locales pueden aportar conocimiento del territorio e identificar puntos críticos, pero la responsabilidad central debe permanecer donde existe capacidad pública para proteger bienes colectivos.

Un segundo ámbito es el mantenimiento de bocatomas, canales, drenes y demás infraestructura de riego. Aquí la situación es diferente. Se trata de labores periódicas, previsibles y vinculadas directamente con la continuidad del servicio de agua para la el agro.

Una bocatoma colmatada puede impedir captar el agua; un canal obstruido reduce la capacidad de conducción; un dren sin mantenimiento puede provocar anegamiento y degradación de los suelos. Estas tareas deben formar parte del mantenimiento preventivo y no esperar a convertirse en emergencia.

En este campo pueden utilizarse distintas modalidades. Una organización de usuarios con demanda recurrente, recursos, operadores y capacidad administrativa puede gestionar directamente determinados equipos. Si una sola organización no tiene suficiente escala, puede resultar más conveniente una gestión compartida entre varias organizaciones, un banco territorial de maquinaria o un convenio con un gobierno subnacional.

Un tercer ámbito es la mecanización agrícola: preparación de terrenos, arado, rastra, surcado y otras labores orientadas a mejorar la productividad y oportunidad de la producción agropecuaria.

Aquí existe una presencia importante de operadores privados. Por ello, antes de crear nueva capacidad pública o institucional, debe verificarse si existe realmente una brecha de servicio. Si el mercado ofrece maquinaria a precios razonables y en el momento que el productor la necesita, no habría razón para desplazar esa oferta. Si existen operadores, pero los productores están dispersos o demandan pocas hectáreas individualmente, puede ser más útil organizar la demanda, establecer calendarios y negociar mejores condiciones.

La lección es sencilla: no existe una única forma correcta de gestionar maquinaria y servicios. La gestión debe adaptarse al problema que se quiere resolver. Pero ninguna política de maquinaria será suficiente si se interviene únicamente aguas abajo.

Los ríos nacen en las partes altas de las cuencas. Allí se origina, almacena y regula buena parte del agua que después llega a los valles y ciudades. Cuando estos territorios pierden cobertura vegetal y los suelos se degradan, disminuye la infiltración, aumenta la erosión y grandes volúmenes de sedimentos terminan acumulándose en quebradas, cauces, bocatomas y canales.

Por eso, una política preventiva debe comenzar también con recuperación de praderas, conservación de suelos, protección de humedales, reforestación apropiada, qochas, zanjas de infiltración y otras modalidades de siembra y cosecha de agua.

Estas medidas no sustituyen a las defensas ribereñas ni a la infraestructura convencional. Cumplen otra función: mejorar progresivamente la regulación de la cuenca y reducir la velocidad con la que el agua y los sedimentos descienden hacia las partes medias y bajas.

Mientras estos procesos generan resultados, las poblaciones y las áreas agrícolas continúan expuestas. Por ello también se requieren defensas ribereñas, recuperación de fajas marginales, intervenciones en puntos críticos y descolmatación técnicamente sustentada.

Descolmatar tampoco significa retirar material indiscriminadamente. Una intervención mal diseñada puede trasladar el problema aguas abajo o alterar el comportamiento del río. Las labores deben responder a estudios hidráulicos, mapas de riesgo y criterios ambientales.

La prevención real exige, por tanto, una mirada de cuenca: intervenir en las partes altas, mantener la infraestructura en las partes medias y proteger a las poblaciones y áreas productivas en las zonas bajas.

El desempeño de estas intervenciones tampoco debería medirse únicamente por el número de máquinas adquiridas, las horas trabajadas o los metros cúbicos removidos.

Atender oportunamente un punto crítico puede impedir daños en viviendas, carreteras, puentes y cultivos. Limpiar una bocatoma puede evitar que extensas áreas pierdan una campaña de riego. Mantener un dren puede impedir la degradación progresiva de tierras agrícolas.

Por ello, la evaluación pública debería comparar sistemáticamente el costo de prevenir con el daño probable de no intervenir: cultivos perdidos, infraestructura afectada, actividades interrumpidas, ingresos no percibidos y gastos posteriores de emergencia y reconstrucción.

Visto de esta manera, el mantenimiento deja de ser un gasto secundario. Es una inversión en protección patrimonial, continuidad productiva y reducción del riesgo fiscal.

Existe además otro riesgo: creer que disponer de maquinaria resolverá por sí mismo los problemas de productividad rural.

La mecanización permite preparar los terrenos oportunamente, reducir costos y enfrentar la menor disponibilidad de mano de obra. Pero producir más no garantiza mayores ingresos.

Si aumenta la oferta sin compradores, sin calidad, sin almacenamiento, sin transformación o sin información comercial, los precios pueden caer precisamente cuando el agricultor esperaba mejorar su situación.

La política de mecanización debe, por ello, articularse con mercados, asociatividad, información comercial, planificación productiva y agregación de valor. La pregunta no es solamente cuántas hectáreas pueden mecanizarse, sino qué se producirá, con qué productividad y para qué mercado.

El Perú no puede seguir aceptando como normal que cada temporada de lluvias encuentre los mismos ríos colmatados, las mismas bocatomas vulnerables, los mismos canales sin mantenimiento y a los mismos agricultores esperando una respuesta de emergencia.

Para ello se necesita un Estado que planifique y coordine mejor, gobiernos subnacionales con mayores capacidades, organizaciones de usuarios fortalecidas y servicios privados que operen donde puedan hacerlo eficientemente. No se trata de escoger un único gestor para todo, sino de asignar cada responsabilidad al actor que pueda cumplirla mejor.

Reivindicar una política preventiva significa también reivindicar al agricultor y al territorio rural. Significa reconocer que proteger una bocatoma, mantener un canal, conservar una cuenca o acceder oportunamente a maquinaria no son favores ni respuestas circunstanciales. Son condiciones básicas para producir, generar ingresos y vivir con seguridad.

El desafío no consiste simplemente en comprar más maquinaria. Consiste en construir un sistema capaz de decidir qué problema existe, qué servicio se necesita, quién debe gestionarlo y cómo garantizar que funcione cuando realmente se requiera.

Solo cuando el país pase de reparar daños a prevenirlos, y de entregar activos a garantizar servicios, podremos convertir los recursos públicos destinados al agro en verdadera seguridad hídrica, productividad y desarrollo territorial.