La salud de una población no se construye únicamente en hospitales, postas médicas o consultorios. Se forma mucho antes: en la casa, en la escuela, en los mercados, en el campo, en la forma como se producen, procesan y consumen los alimentos. Por eso, hablar de salud pública en el Perú exige mirar más allá del sistema sanitario. También implica analizar la cultura alimentaria, la organización familiar, la producción agraria, la industria de alimentos, la publicidad, los precios y las decisiones del Estado.

El enfoque de los determinantes de la salud recuerda que el bienestar depende de varios factores: biología humana, ambiente, estilos de vida y organización sanitaria. Esta mirada es clave para el Perú, porque muchas enfermedades actuales se originan antes del diagnóstico médico: en la lonchera escolar, en la mesa familiar, en la publicidad, en el barrio, en el acceso desigual a alimentos saludables y en la presencia creciente de productos ultraprocesados.

Las cifras evidencian que el problema alimentario peruano tiene dimensión nacional. Según la ENDES 2025, la anemia afectó al 43,4% de los niños de 6 a 35 meses, y la desnutrición crónica alcanzó al 12,1% de los menores de cinco años. Al mismo tiempo, el MINSA ha advertido que el 62% de la población peruana mayor de 15 años presenta exceso de peso: 36,5% con sobrepeso y 25,7% con obesidad. En 2024 se reportaron, además, 1,7 millones de peruanos con diabetes mellitus.

El país enfrenta así una doble carga alimentaria: niños con anemia y desnutrición, junto con adultos con sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas. Esta paradoja muestra que el problema no es solamente comer poco, sino también comer mal. En un extremo, hay familias que no acceden a una alimentación suficiente y nutritiva; en el otro, sectores crecientes consumen productos altos en azúcar, sodio, grasas saturadas y harinas refinadas. En ambos casos, el resultado es el deterioro de la salud, la pérdida de capacidades humanas y mayores costos sociales para las familias y el Estado.

La diabetes es uno de los ejemplos más visibles de esta crisis. Su crecimiento no puede explicarse solo por herencia genética o decisiones individuales. Detrás hay una transformación silenciosa de los hábitos alimentarios: más bebidas azucaradas, más alimentos ultraprocesados, más grasas, más sodio, menos actividad física, mayor estrés urbano y una oferta comercial donde lo barato muchas veces resulta dañino.

Por eso, la salud debe empezar en casa. Las familias cumplen un papel decisivo en la formación de hábitos: qué se compra, qué se cocina, qué comen los niños, qué lugar ocupan las frutas, verduras, menestras, cereales andinos, productos frescos y alimentos naturales, y cuánto espacio tienen las gaseosas, golosinas y productos de bajo valor nutricional. La mesa familiar es el primer espacio de prevención.

Sin embargo, no se puede trasladar toda la responsabilidad a las familias. Una familia no decide en el vacío. Decide dentro de un entorno condicionado por precios, publicidad, horarios laborales, acceso desigual a mercados saludables y presencia masiva de productos ultraprocesados. Cuando el mercado empuja a consumir mal, el Estado no puede limitarse a culpar al ciudadano.

Aquí aparece un punto central: la salud pública también depende de cómo producimos nuestros alimentos. El Perú tiene una enorme base agraria, biodiversidad, productos nativos, agricultura familiar y posibilidades de producción orgánica, agroecológica y sostenible. Sin embargo, esta base productiva no recibe el estímulo suficiente. La producción orgánica y agroecológica no debe verse solo como un nicho de exportación o una moda comercial, sino como parte de una estrategia nacional de salud, alimentación y desarrollo agrario.

No basta con producir más alimentos; hay que producir mejor. Se requiere promover alimentos sanos desde el origen, reducir el uso de insumos que deterioran la salud y el ambiente, fortalecer la pequeña agricultura, mejorar la calidad nutricional de la oferta alimentaria y garantizar que, cuando los productos sean procesados, mantengan su condición saludable, orgánica o agroecológica, e incluso mejoren su valor nutricional. Un alimento sano puede perder calidad si durante el procesamiento se le agrega exceso de azúcar, sodio, grasas, saborizantes o aditivos innecesarios.

Por ello, el procesamiento de alimentos debe ser regulado y orientado con criterios de salud pública. La agroindustria no debería destruir la calidad de la materia prima ni convertir productos naturales en mercancías perjudiciales para la salud. Si el país quiere combatir la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la anemia y otras enfermedades asociadas a la mala alimentación, debe cuidar toda la cadena alimentaria: producción, transformación, distribución, publicidad, precio y consumo.

La sociedad civil también debe intervenir antes de que aparezca la enfermedad. Asociaciones de padres de familia, colegios profesionales, organizaciones juveniles, clubes deportivos, iglesias, etc. pueden contribuir a construir una cultura de vida saludable. Los municipios, en cambio, no son sociedad civil; son parte del Estado local. Por ello, deben cumplir un rol público mediante ordenanzas, control de entornos escolares, promoción de mercados saludables, ferias de productores, infraestructura deportiva, vigilancia sanitaria y educación comunitaria.

El problema es que el Perú actúa tarde. Muchas veces espera el diagnóstico: diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal o daño cardiovascular. Pero cuando la enfermedad ya llegó, el costo humano y económico es mucho mayor. Cada caso prevenible que no se previene se convierte luego en consultas, medicamentos, hospitalizaciones, tratamientos prolongados, discapacidad, pérdida de productividad y empobrecimiento familiar.

En este punto, la libertad de mercado no puede colocarse por encima del derecho a la salud. No se trata de negar la empresa privada, sino de reconocer que ciertas actividades comerciales generan costos sociales. Si una industria gana vendiendo productos que deterioran la salud, pero luego el Estado, las familias y el sistema sanitario pagan las consecuencias, entonces el supuesto beneficio económico es incompleto.

Los octógonos son una política correcta porque advierten al consumidor sobre el exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas o grasas trans. Pero no bastan por sí solos. Deben integrarse a una política nacional de alimentación saludable, con educación alimentaria escolar, regulación de la publicidad dirigida a menores, control de comida chatarra en entornos escolares, impuestos a bebidas azucaradas, promoción de mercados locales y estímulos concretos a la producción orgánica, agroecológica y sostenible.

La atención primaria de salud debe ser parte de esa respuesta, pero no el único punto de inicio. Antes de la posta está la casa; antes del diagnóstico está la cultura; antes del medicamento está la prevención; y antes del consumo está la forma como el país produce y procesa sus alimentos. La posta médica debe acompañar, educar, detectar temprano y articularse con escuelas, gobiernos locales y organizaciones sociales. Pero la batalla principal debe darse antes de que aparezca la enfermedad.

El Perú enfrenta hoy tres modelos de producción de alimentos que deben ser evaluados desde el interés público: la agricultura convencional, basada en mayores niveles de insumos externos y orientación productiva intensiva; la agricultura orgánica y agroecológica, vinculada a prácticas más saludables, sostenibles y territorialmente integradas; y la producción biotecnológica de alimentos, que avanza en el mundo y requiere regulación, evidencia científica, bioseguridad y evaluación de sus impactos sanitarios, ambientales y económicos. Frente a estos modelos, el Estado no puede ser neutral: debe promover aquello que proteja mejor la salud, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la base productiva nacional.

La conclusión es clara: si el Perú no cambia su cultura alimentaria, su política sanitaria y su modelo de producción y procesamiento de alimentos, pagará una factura cada vez más alta. La verdadera reforma de salud empieza en casa, se fortalece en la comunidad, se sostiene en una producción sana y se garantiza con un Estado capaz de poner la vida por encima del negocio.