El Perú no puede seguir celebrando récords de inversión pública mientras una parte significativa de sus proyectos termina paralizada, cuestionada o convertida en símbolo de frustración ciudadana. En 2025, la inversión pública superó los S/ 60 mil millones, una cifra que debería expresar capacidad de transformación nacional. Sin embargo, el problema de fondo no está solo en cuánto se gasta, sino en cómo se decide, a quién se contrata, cómo se controla y quién responde cuando el proyecto fracasa.

El Banco Mundial ha advertido que una proporción muy alta de los proyectos públicos en curso durante la última década terminó abandonada o paralizada. La Contraloría, por su parte, mantiene reportes periódicos sobre obras detenidas en todo el territorio nacional. Estos datos no describen un problema menor. Revelan una falla estructural de gestión, control y responsabilidad política.

Durante años se ha explicado esta situación por la baja capacidad técnica de municipalidades, gobiernos regionales y entidades ejecutoras. Esa explicación es parcialmente cierta, pero insuficiente. El problema no es solo la mala formulación de expedientes, la debilidad de los contratos o la falta de especialistas. En muchos casos existe una cadena administrativa organizada para direccionar decisiones, reducir la competencia real y legitimar ganadores previamente definidos.

Cuando una autoridad asume funciones, una de sus primeras decisiones suele ser cambiar a quienes controlan áreas sensibles: administración, tesorería, logística, abastecimiento y unidades ejecutoras. Desde allí se configura el verdadero poder operativo de la entidad. Si esa cadena controla la elaboración de bases, la conformación de comités, la absolución de consultas, la evaluación de ofertas y la adjudicación final, el concurso público deja de ser competencia y se convierte en un procedimiento formal para validar una decisión tomada de antemano. Ese es el núcleo del problema.

El Estado tiene normas, comités, supervisores, órganos de control institucional, Contraloría, plataformas electrónicas y sistemas administrativos. Pero, pese a todo ello, la maquinaria sigue fallando. Se elevan sanciones, se anuncian cruzadas contra la corrupción, se promete mano dura, pero no se modifica el mecanismo que permite que la captura se reproduzca. La corrupción en la inversión pública no se combate únicamente castigando después del daño; se combate rediseñando el sistema antes de que el daño ocurra.

La reforma debe comenzar en el corazón del proceso: la forma en que se califican las ofertas y se designa a los ganadores. En proyectos de inversión pública de determinado monto, complejidad o sensibilidad social, no parece razonable que la entidad convocante controle mayoritariamente el comité que termina decidiendo la adjudicación. Quien convoca debe participar, porque conoce la necesidad y el proyecto, pero no debe tener el dominio absoluto de la evaluación.

Una alternativa razonable sería constituir comités mixtos, integrados por un representante de la entidad responsable, un representante de una instancia regional o territorial y un representante nacional acreditado, proveniente de un registro independiente de evaluadores públicos. Con ello, la entidad convocante mantendría voz técnica, pero no mayoría decisoria. No se elimina por completo el riesgo de corrupción, pero se reduce una de sus condiciones básicas: el control cerrado del proceso por una sola cadena administrativa.

Pero esa modificación no será suficiente si el Estado sigue evaluando con información fragmentada. Allí aparece una herramienta decisiva: la inteligencia artificial. No para reemplazar la decisión humana, sino para hacerla más transparente, verificable y responsable. La inteligencia artificial no debe decidir quién gana; debe procesar información, detectar riesgos, cruzar antecedentes, identificar inconsistencias y obligar a que toda decisión quede sustentada.

Antes de que un comité califique una oferta, un sistema asistido por inteligencia artificial debería revisar automáticamente el cumplimiento de requisitos, la consistencia documental, la experiencia declarada, las sanciones del postor, su historial contractual, la frecuencia de ampliaciones de plazo, los adicionales recurrentes, las penalidades, los arbitrajes, la concentración de adjudicaciones en determinadas entidades y la relación entre precios ofertados y valores de mercado.

Esa evaluación preliminar produciría una matriz de alertas. El comité humano podría confirmar, corregir o apartarse de esa recomendación, pero tendría que justificarlo expresamente. Esa justificación quedaría registrada, sería auditable y formaría parte del expediente público. Así, la discrecionalidad no desaparece, pero deja de ser invisible.

La inteligencia artificial permitiría hacer algo que hoy el Estado no hace bien: construir memoria institucional. Una empresa que gana reiteradamente en una misma jurisdicción, acumula adicionales, incumple plazos, judicializa contratos o aparece vinculada a obras paralizadas no puede ser evaluada como si cada concurso empezara desde cero. El Estado tiene información dispersa, pero no inteligencia pública integrada. Esa es una de sus mayores debilidades.

El uso de esta tecnología tampoco debería limitarse a los concursos. Puede apoyar la revisión de expedientes técnicos, detectar presupuestos inflados, comparar costos unitarios entre regiones, alertar sobre metrados inconsistentes, identificar cronogramas inviables, monitorear avances físicos mediante imágenes georreferenciadas, contrastar valorizaciones con ejecución real y advertir desviaciones tempranas en plazos, costos y metas. La tecnología puede convertir el control posterior en control preventivo.

Naturalmente, la inteligencia artificial debe estar regulada. No se trata de crear una caja negra tecnológica que nadie entienda. Los algoritmos aplicados a contratación pública deben ser auditables, explicables y trazables. Su función debe ser reducir la arbitrariedad, no esconderla bajo una apariencia técnica. La decisión final debe seguir siendo humana, pero una decisión humana mejor informada y políticamente responsable.

El país necesita, además, construir un verdadero sistema nacional de desempeño contractual. No basta saber si una empresa está inscrita o habilitada. El Estado debe saber cómo cumplió. Debe conocer si terminó obras, si abandonó contratos, si acumuló penalidades, si presentó expedientes deficientes, si recurrió sistemáticamente al arbitraje o si generó adicionales injustificados. La contratación pública no puede limitarse a verificar papeles; debe evaluar comportamiento.

También debe hacerse pública la trazabilidad de la calificación. Cada puntaje debe tener sustento verificable. Cada criterio subjetivo debe estar limitado. Cada modificación en la evaluación debe quedar registrada. Cada observación levantada debe ser visible. La ciudadanía no debe enterarse de los problemas cuando la obra ya está paralizada o cuando el dinero ya se gastó. El control debe actuar antes, no después del daño.

Y, sobre todo, debe establecerse responsabilidad política directa. La autoridad no puede seguir escudándose en la frase “yo no fui”. Si el titular de una entidad designa o permite la designación de funcionarios que controlan administración, logística, abastecimiento, tesorería y procesos de selección, entonces tiene responsabilidad por la cadena que construyó. No se trata de criminalizar la gestión pública, sino de establecer un deber político de diligencia. Quien gobierna debe responder por los sistemas que instala, por los funcionarios que nombra y por los resultados que produce.

El Perú necesita pasar de una cultura de sanción tardía a una cultura de prevención inteligente. La cárcel puede castigar, pero no construye carreteras, hospitales, colegios, sistemas de riego ni agua potable. La amenaza penal no ha impedido que el mismo mecanismo se repita. La reforma real consiste en cambiar incentivos, abrir procesos, cruzar información, reducir la captura local y obligar a que cada decisión deje huella.

No se trata de desconfiar de todos los funcionarios públicos. Hay profesionales honestos que trabajan en condiciones difíciles. Precisamente por ellos se necesita un sistema que los proteja de la presión política, reduzca la arbitrariedad y limite la capacidad de las redes corruptas para apropiarse de la inversión pública.

La inversión pública no puede medirse solo por el monto ejecutado. Ejecutar más no significa necesariamente desarrollar más. Lo importante es saber si esa inversión cierra brechas, mejora servicios, eleva productividad, integra territorios y transforma la vida de las personas. Una obra mal adjudicada, mal ejecutada o paralizada no es inversión: es desperdicio institucional.

El Perú necesita una reforma de segunda generación en la gestión de la inversión pública. Una reforma que una inversión, contratación, control, tecnología y responsabilidad política. La salida no está en seguir aumentando penas ni multiplicando declaraciones. Está en quitarle a la entidad convocante el control absoluto de la evaluación, incorporar inteligencia artificial para detectar riesgos antes de la adjudicación, construir memoria pública sobre el desempeño de los contratistas y hacer que cada autoridad responda políticamente por la cadena administrativa que instala.

Un país que invierte más de S/ 60 mil millones al año no puede resignarse a que parte de ese esfuerzo termine en obras inconclusas, arbitrajes interminables, expedientes fallidos y responsabilidades diluidas. La inversión pública debe ser una palanca del desarrollo nacional, no una fábrica de frustración colectiva.

El Perú no necesita más discursos contra la corrupción. Necesita cambiar el mecanismo que la hace posible.