Mientras el Gobierno y el Congreso consumen tiempo en sus disputas interminables, en el campo hay decisiones que no pueden esperar. El productor agrario debe resolver si siembra o no, si reduce la superficie o mantiene su campaña. En esa decisión compromete semillas, ahorros y deudas. Tiene que hacerlo ahora, porque el agro tiene un calendario que no se acomoda al de la política.

La advertencia del ENFEN exige actuar. Sus proyecciones contemplan un calentamiento del mar de magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, con riesgos diferentes según el territorio: lluvias superiores a lo normal en unas zonas y condiciones normales o deficitarias en otras. En algunos lugares puede sobrar agua; en otros, puede faltar. La respuesta debe considerar ambas amenazas.

La dimensión económica es considerable. Según la referencia del MIDAGRI para 2024 y 2025, el valor bruto de la producción agropecuaria se sitúa alrededor de S/ 60 mil millones anuales. Una parte está expuesta a los efectos de El Niño, junto con canales, bocatomas, reservorios, caminos, maquinaria y equipos. Perder una cosecha afecta el ingreso de hoy; perder la infraestructura y los medios para producir puede comprometer varias campañas.

Por eso, la pregunta que debe responder el Estado es concreta: ¿qué necesita saber y qué apoyo necesita recibir cada productor para decidir su campaña y proteger el sustento de su familia? La asistencia tiene que llegar antes de comprar insumos, contratar un préstamo o comprometer los ahorros.

Entre conocer un pronóstico y saber qué hacer hay una distancia enorme. ¿Cuántos productores entienden los comunicados del ENFEN o del SENAMHI? Expresiones como «anomalías de temperatura», «precipitaciones superiores a lo normal» o «región Niño 1+2» necesitan traducirse a preguntas sobre su localidad: ¿habrá agua suficiente?, ¿puede inundarse el terreno?, ¿el calor afectará el cultivo?, ¿podrá salir la cosecha al mercado?

La decisión es sembrar o no sembrar; sembrar poco, una superficie intermedia o lo habitual. La orientación depende del cultivo, la parcela, el agua disponible y los recursos familiares. Un pronóstico nacional no basta cuando los riesgos cambian de una cuenca a otra e incluso dentro de ellas.

El MIDAGRI debe conducir ese acompañamiento con los gobiernos regionales, las municipalidades y las entidades técnicas. Cuenta con el Padrón de Productores Agrarios y debe aprovecharlo para acercar alertas y asistencia, sin excluir a quienes todavía no están registrados. La información necesita ser constante, desagregada y entendible, reconocer la incertidumbre y precisar cuándo se actualizará. También corresponde fortalecer la observación meteorológica, incluidos radares y otros equipos.

Los productores ya están decidiendo y conocen cambios que deben ser escuchados. Las agencias agrarias, comunidades, asociaciones y juntas de usuarios deben recoger y contrastar sus reportes sobre rendimientos, floración, disponibilidad de agua y pérdidas. Las radios locales, reuniones comunales y teléfonos permiten que la información vaya y vuelva. Esa relación debe ayudar a tomar decisiones a tiempo.

La organización territorial convierte esa orientación en acciones. Cada distrito expuesto necesita un mapa de riegos que su población reconozca: estas parcelas pueden inundarse; este puente puede interrumpirse; estas comunidades pueden sufrir escasez. El conocimiento local y la evaluación técnica deben permitir acordar prioridades, responsables, plazos y recursos. Los distritos de una misma cuenca tienen que coordinar, porque el agua no se detiene en sus límites administrativos.

El cambio de autoridades exige asegurar continuidad. Las gestiones salientes deben entregar las intervenciones en marcha, los presupuestos y la información sobre los puntos críticos. Las entrantes necesitan incorporarse durante la transferencia. Ninguna comunidad debería quedar desatendida porque una autoridad se va y otra recién está aprendiendo.

Proteger la producción es también proteger la alimentación. Si se siembra menos, se pierden cultivos o bajan los rendimientos, puede reducirse la oferta de determinados alimentos. Si fallan los caminos, parte de la cosecha podría no llegar al mercado. El agricultor perdería ingresos y el consumidor podría pagar más. Muchas familias rurales sufrirían ambas consecuencias.

Debemos prepararnos para una posible menor disponibilidad de algunos alimentos en abril y mayo de 2027, según los calendarios de cada cultivo. El seguimiento de siembras, rendimientos y rutas debe servir para anticipar problemas, apoyar la producción donde existan mejores condiciones y facilitar el abastecimiento desde otras zonas.

La prioridad son las vidas y la alimentación, especialmente la de los niños. Las comunidades que pueden quedar aisladas necesitan previsiones de agua segura, atención de salud y suministro de alimentos. Escuelas, servicios de salud y organizaciones comunitarias deben participar desde ahora. La respuesta no puede depender de que la ayuda consiga llegar después de la emergencia.

Todo ello requiere recursos ejecutados oportunamente. Según las cifras consideradas para el 18 y 19 de octubre, el Congreso había ejecutado financieramente el 62,1 % de su presupuesto vigente; Agro Rural, el 39,7 %; y el PSI, el 38,4 %. Para sostener el funcionamiento del Congreso, el gasto avanza; para las intervenciones que necesita el campo, la velocidad es otra. El contraste obliga a preguntar cuáles son las prioridades del Estado (pero estemos seguros que el Congreso va a llegar al 100%).

Agro Rural y el PSI son instrumentos importantes para atender necesidades productivas y de riego. Deben explicar qué intervenciones están pendientes, qué obstáculos enfrentan y cuáles terminarán a tiempo. Los saldos pueden incluir contratos en marcha o recursos recibidos recientemente; corresponde aclararlo y resolver las dificultades. Proteger un canal antes de las lluvias puede salvar una campaña. Reconstruirlo después obliga a enfrentar también las pérdidas.

El Gobierno y el Congreso deben revisar gastos administrativos postergables, ampliaciones y grandes adquisiciones, incluida la compra de aviones, para determinar qué puede reprogramarse en favor de la prevención y la respuesta. El Congreso debe comenzar por su propio presupuesto. Pedir sacrificios al país exige demostrar austeridad en casa.

Si los recursos resultan insuficientes, corresponde evaluar un aporte extraordinario y temporal de los sectores con mayor capacidad económica. Su diseño debe precisar su carácter obligatorio o voluntario, la recaudación esperada y cómo evitar que el costo termine trasladándose a las familias. Su destino debe ser público y verificable.

El respaldo económico también debe llegar al hogar. Si se recomienda sembrar menos o no sembrar, ¿de qué vivirá la familia durante esos meses? Habrá que evaluar apoyos temporales, seguros y medidas financieras según cada situación. Pedir prudencia sin ofrecer alternativas puede resultar imposible para quien depende de la próxima cosecha.

Después de la emergencia, el empleo temporal debe ayudar a recuperar ingresos y rehabilitar lo dañado. Las familias que no puedan retomar de inmediato su actividad necesitarán trabajo remunerado. La rehabilitación de canales, drenajes y caminos puede generarlo, con orientación técnica, seguridad y pagos oportunos. Su organización y financiamiento deben prepararse desde ahora.

La recuperación tampoco puede limitarse a ofrecer otro préstamo. Quien perdió su cosecha puede haber perdido la capacidad de pagar. Necesita restablecer su producción y atender sus deudas sin quedar atrapado en obligaciones que le impidan levantarse.

Aun con El Niño, el hombre y la mujer del campo seguirán de pie. Cuidarán sus cultivos, sus animales y sus familias. Después buscarán reparar lo dañado y sembrar otra vez, con los ahorros que queden y la ayuda que consigan. Cada campaña reúne trabajo, conocimientos y esperanzas; perderla afecta también la alimentación familiar, la educación de los hijos y los planes de futuro.

Esa voluntad merece reconocimiento y respaldo. El país no puede descansar indefinidamente en la resistencia de quienes producen sus alimentos mientras cada pérdida los deja con menos recursos. Ir más allá del Niño significa que la recuperación les permita enfrentar la siguiente campaña en mejores condiciones. Si el campo seguirá de pie, el Estado tiene que estar a su lado, antes, durante y después de la emergencia.