Vocero de los empresarios del rubro sostiene que entregar 5% del total de las ventas brutas a las comunidades es un exceso. Además, norma europea impide libre ingreso de alimentos e insumos con potencial, convirtiéndose en una barrera paraarancelaria.
(Agraria.pe) En julio de 2012, Perú ratificó el Protocolo de Nagoya que regula el acceso y participación en los beneficios de manera justa y equitativa de los recursos genéticos.
En base a este documento, los países se comprometieron a reconocer económicamente a las comunidades que, con sus conocimientos tradicionales, impulsaron la industria de recursos naturales. Declarativamente parece una idea muy loable, sin embargo, no todos están conformes con algunos detalles.
César Barriga, vicepresidente del Instituto Peruano de Productos Naturales (IPPM), apuntó que está de acuerdo en reconocer a las comunidades pero que la ley está estableciendo la entrega de un 5% del total de las ventas brutas derivadas de dichos conocimientos y productos, lo que, a su juicio, es un exceso.
“Ahí está el costo de la materia prima, el procesamiento, los impuestos, la ganancia, es demasiado. Eso nos crea problemas, muchos empresarios están pensando que mejor ponen una filial en Ecuador y exportan desde allí”, sostuvo.
Desde su perspectiva, lo que se considera mundialmente aceptable es la repartición del 1% de las ventas brutas; de hecho, señaló, Brasil está haciendo una salvedad de este tipo, a lo que debe agregarse la condición de que estos recursos sean administrados directamente por los privados y no entregados a través del Ministerio del Ambiente o de Agricultura, ya que no habría seguridad de que realmente se entregarán a quienes lo necesitan.
De hecho, el proceso se habría tornado tan engorroso, agregó, que a pesar del tiempo transcurrido solo una empresa ha sacado el certificado para regirse por esta normativa. El proceso le demoró cinco años, y ni siquiera fue para comercialización, sino para investigación.
Como si fuera poco, el vocero del IPPM añade otro factor que preocupa a los empresarios del sector: el Reglamento Europeo de Novel Foods, el cual en principio se iba a enfocar exclusivamente en los transgénicos, pero que terminó decidiendo que solo los alimentos y plantas que ingresaron a Europa hasta mayo de 1997 podían seguir haciéndolo sin problema. “Si quieres exportar productos nuevos de la biodiversidad nuestra, ahora hay que hacer un estudio que cuesta hasta 500 mil dólares por cada producto. Se hizo un esfuerzo con el sacha inchi entre el Estado la cooperación internacional, gracias a lo cual ya se comercializa, pero es una barrera paraarancelaria para nosotros”, explicó César Barriga.
Otras caras de la problemática
El dirigente también señaló a la biopiratería como otra arista en esta problemática, y ejemplificó señalando que de los cuatro principales productos que consume el mundo dos son peruanos –la papa y el maíz- pero no recibimos beneficios por ello. Se trataría de una discusión de posiciones relativas, ya que Perú tampoco reconoce regalías por productos que no son originarios del país y que ahora se producen en nuestro territorio como el espárrago y el arándano.
Igualmente, observó el problema de las patentes, que no avanzan con la agilidad necesaria. Sostuvo que un producto como la tara tiene 3,840 patentes, básicamente por estudios en campos de cosmética y medicina, pero solo una de esas se dio en Perú. “Mucha gente hace investigación y no patenta. Creo que hay que ver, tanto entre los empresarios como el Gobierno, para que las patentes sean relativamente rápidas. No se pueden demorar dos o tres años en sacar una”, solicitó.
